Autorización.LaGeo es la única empresa con licencia del Gobierno para utilizar el vapor del subsuelo en la generación de energía.
El Gobierno salvadoreño y la empresa de capital italiano Enel llegaron a un acuerdo con el que ponen fin a un litigio legal que mantenían en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una lucha en busca de la mayoría accionaria de LaGeo, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía destaca el fin al conflicto legal que mantenían ambas partes; sin embargo, no se detalla el acuerdo al que ambas llegaron.
Según el comunicado de la Fiscalía de ayer, la jornada de trabajo se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre de este año en la ciudad de Washington, D. C. “Equipos de alto nivel de ambas partes armonizaron soluciones que conllevan a una salida satisfactoria y apegada a la legalidad en respeto a las leyes de El Salvador. Con lo que se pone fin al litigio que duró más de ocho años”, señala.
“Este es un acuerdo histórico para el país, porque se pone fin a un largo, costoso y delicado litigio. Es un excelente resultado para nuestra nación, que genera confianza para los inversionistas locales y extranjeros”, indicó Luis Antonio Martínez, fiscal general de la República de El Salvador y quien lideraba el equipo del Gobierno.
Hasta el cierre de esta nota los representantes de la empresa Enel no se habían pronunciado.
El conflicto entre la italiana Enel y el Gobierno salvadoreño inició cuando la empresa buscaba la mayoría accionaria de LaGeo y el Gobierno se opuso.
LaGeo es una sociedad mixta constituida por Inversiones Energéticas (INE), subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Enel Green Power, empresa energética de origen italiano.
“Siempre he dicho que somos custodios de la ley, trabajamos para todo un país sin que nos muevan o interfieran intereses de particulares o políticos. Estos son verdaderos temas de nación, a los que damos solución”, señaló Martínez.
El mes pasado, el Gobierno aún insistía en mantener la mayor participación en LaGeo, empresa generadora de energía.
Enel es propietaria del 36.2 % de LaGeo, mientras que INE posee el restante 63.8 %.
En 2008 la empresa inició un arbitraje en contra del Estado salvadoreño, por no permitirle hacer una inversión adicional que le habría llevado a superar el 50 % de la posesión accionaria de LaGeo.
El proceso fue llevado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en París, Francia, que estableció en mayo de 2011 que Enel tiene derecho de aumentar su inversión y alcanzar mayoría en LaGeo. La inyección de capital que los italianos pensaban hacer era de $127.4 millones, con los que habrían llegado al 53.3 % de las acciones.
LaGeo es la única empresa con licencia para utilizar el vapor del subsuelo en la generación de energía y suple cerca del 23 % de la demanda total del país.
Proceso judicial
Según la FGR, si bien el litigio entre Enel y el Gobierno llegó a su fin, el proceso penal contra exfuncionarios de Gobierno acusados de peculado y falsedad material sigue en curso.
“En cuanto a la responsabilidad penal, se procederá en la forma, alcance y límites que permita la ley penal salvadoreña”, señaló la FGR en el comunicado.
La Fiscalía sostiene que hubo una confabulación para firmar el contrato con el que la empresa italiana Enel se convirtió en socia de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en 2002, para la creación de LaGeo.
Desde el 11 de noviembre de 2013 el caso CEL-Enel fue judicializado, lo que dio paso a acusar a nueve personas de peculado, entre ellas Guillermo Sol Bang, Jorge Simán, Pedro Escalón, Thomas Hawk, José Ricardo Palomo Deneke, José Vicente Machado Calderón y Miguel Ernesto Lacayo.
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador recientemente ordenó hacer efectivos los embargos que la Fiscalía General de la República solicitó en el caso CEL-Enel.
El juzgado también ordenó un rastreo internacional de cuentas bancarias a nombre de nueve de los imputados y de las sociedades Enel Green Power.
La Fiscalía presentó documentación en el Juzgado Séptimo de Instrucción en el que se especifican los montos a embargar dentro del caso CEL-Enel, luego de que la sede judicial le impuso fecha límite para que detallara las cantidades. Según el cálculo fiscal, el perjuicio contra el Estado asciende a $2,107,466,188.92.