Queiroz Galvão, investigada por corrupción en Brasil, fue contratada por la CEL para ampliar la presa 5 de Noviembre.
Inversión. El proyecto de expansión de la 5 de Noviembre se ejecuta con una inversión de $189 millones.
La Secretaría Técnica de la Presidencia confirmó que el Gobierno no modificará sus relaciones con la empresa Queiroz Galvão, pese a que está involucrada en un caso de corrupción (junto a la estatal Petrobras) en Brasil. Además, la Fiscalía General de la República abrió un expediente a esta firma suramericana, precisamente, a raíz de lo que sucede en el país de origen.
La empresa Queiroz Galvão fue contratada por la Comisión Ejecutiva Autónoma del Río Lempa (CEL) en 2013 y desde entonces se encarga de ejecutar las obras de expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.
El proyecto de expansión en la central hidroeléctrica se ejecuta con una inversión de $189 millones y se espera que la obra esté terminada en 2016.
Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación (STP), dijo que hasta la fecha no tienen previsto revisar las relaciones entre la empresa Queiroz Galvão y el Gobierno, no obstante que la empresa constructora está siendo investigada en Brasil y en El Salvador.
“Nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando en otro país. Nosotros no podemos tomar cartas en el asunto con lo que está pasando en otro país”, indicó Lorenzana. El funcionario recalcó que solicitarán transparencia en las operaciones que realizan en El Salvador.
“Mientras aquí no haya un problema de transparencia con las empresas no tenemos por qué tomar cartas en el asunto. Nosotros tenemos relaciones normales (con la empresa). Los que hay que exigir es que las cosas se hagan bien”, apuntó Lorenzana.
En noviembre pasado fueron arrestadas en Brasil 19 personas por corrupción, entre ellos el exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque y los presidentes de tres de las mayores constructoras de Brasil donde figura Ildefonso Colares Filho, de Queiroz Galvão.
De acuerdo con la Fiscalía, la red de corrupción movió en los últimos años unos 10,000 millones de reales (cerca de $3,850 millones) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras, unos fondos con los que se sospecha que se pagaban sobornos regulares a legisladores y partidos políticos.
La Contraloría General de Brasil abrió esta semana un proceso administrativo a ocho importantes constructoras por supuestos fraudes en el gran caso de corrupción que tiene en su centro a la petrolera estatal Petrobras.
Entre las empresas procesadas por las Contraloría General de Brasil está Queiroz Galvão.
Los procesos en curso podrían terminar con la prohibición de que estas constructoras firmen nuevos contratos en licitaciones públicas.